Los salvajes amazónicos!!!!!

En los dos últimos años, el presidente peruano, Alan García, promulgó leyes que avasallan los derechos sobre el territorio de los indígenas amazónicos. Promueven privatizar o estatizar tierras comunales, a las que llaman “desiertas”, “abandonadas” o “improductivas”. Y dan luz verde a compañías petroleras y mineras para explotarlas sin negociar con sus legítimos dueños.

Alberto Pizango. Líder indígena de la selva peruana. (foto)

Los reclamos indígenas y los pedidos de organizaciones religiosas y seculares

que alentaron el diálogo entre ellos y el gobierno fueron sistemáticamente desestimados. Estos reclamos no apelaban cándidamente a un derecho inmemorial a la tierra, sino a pactos y tratados nacionales e internacionales vigentes, que refutan la lógica utilitaria que encubre la política del gobierno peruano. Ante la falta de respuestas por parte del gobierno, desde hace varios meses los indígenas se movilizaron y bloquearon masiva pero pacíficamente diversos ríos y rutas de la Amazonía peruana. La policía reprimió con gases lacrimógenos a los aguarunas (o, como se llaman a sí mismos, awajún) que cortaron la ruta entre Jaén y Bagua e hirió a muchos de ellos. Protegidos sólo por sus lanzas ceremoniales, retrocedieron unos kilómetros hasta la Curva del Diablo, y allí organizaron un nuevo bloqueo. Las tropas policiales despejaron violentamente la ruta con armas de fuego, gases y helicópteros: dispararon a mansalva contra los aguarunas y también contra la población civil mestiza que acudió desde las poblaciones de Bagua Chica y Bagua Grande. Aunque se ignoran las cifras exactas, numerosos aguarunas, campesinos y policías resultaron muertos y heridos. Según las autoridades, los indígenas iniciaron el tiroteo. Las acusaciones de los aguarunas y de la población local contradicen la versión oficial: la policía abrió fuego, disparó por la espalda a los manifestantes que huían y a periodistas; golpeó, violó y torturó a muchos de los detenidos; finalmente quemó, arrojó al río o retiró cadáveres de los hospitales, buscando diluir los rastros de la masacre. Durante los días siguientes, una intensa campaña del gobierno sugirió que los indígenas amazónicos son salvajes sedientos de sangre, desacreditó su protesta y legitimó el accionar policial. A pesar de haber mantenido en todo momento una política apaciguadora, Alberto Pizango, presidente de la organización nacional que nuclea a los pueblos amazónicos, fue identificado como el autor intelectual del presunto ataque indígena; tuvo que huir y solicitar asilo en la embajada de Nicaragua –no sin que otros rumores sugirieran que había huido a Bolivia, lo cual rápidamente aprovechó la oposición autonomista de ese país para atacar al gobierno de Evo Morales desempolvando conflictos limítrofes entre ambas naciones–. En estos días, un número creciente de indígenas amazónicos se moviliza para apoyar a los aguarunas. Como los huambisas, los shuar o los achuar, los aguarunas pertenecen al conjunto de sociedades tradicionalmente conocidas como “jíbaros”. Desde muy temprano estos pueblos fascinaron a misioneros, exploradores y autoridades por atesorar las tsantsa, las cabezas reducidas de sus enemigos. Con el tiempo, la antropología encontró en esta práctica una filosofía social. Su sentido simbólico y cosmológico ha de dilucidarse en los términos de un intercambio ritual de venganzas, que paradójicamente posibilita la reproducción en el tiempo de este tipo de sociedades. Limitar nuestra comprensión de estos grupos a la reducción de cabezas, o a sus tradiciones guerreras, sería tan arbitrario y tan inútil como reducir a los argentinos al mate y el tango, o a los estadounidenses al baseball y las hamburguesas de McDonald’s. Las movilizaciones aguarunas revelan lucidez y plasticidad para adaptarse a los nuevos desafíos de la vida política. Son la muestra de una conciencia colectiva despierta, que denuncia lúcidamente una maniobra incompatible con legislaciones nacionales y acuerdos internacionales suscritos oportunamente por su país. Los aguarunas fueron castigados por entender el juego de la legislación estatal, y sobre todo por entenderlo bien: su tenaz propensión al diálogo, a la moderación y al respeto de la ley nos obliga, por lo menos, a preguntarnos quiénes fueron los salvajes en la Curva del Diablo.

*Antropólogo, investigador del Conicet, especialista en sociedades indígenas de tierras bajas, desde la Amazonía