Por Fernando “Pino” Solanas*
Es un hecho trascendente para la democracia argentina que después de varias décadas pueda legislarse una norma en reemplazo de la Ley de Radiodifusión de la dictadura (Nº 22.285) que exprese los anhelos democráticos de los ciudadanos. A los cuatro diputados de Proyecto Sur que asumiremos el 10 de diciembre nos hubiera gustado debatirla entonces, pero fuimos de las primeras voces que defendimos su tratamiento ahora porque postergarla podría ser una nueva trampa para no hacerlo jamás. Quienes desde los años ’90 hemos presentado proyectos de ley, incorporado a la Constitución nacional la cláusula de protección del espacio audiovisual (art. 75 inc. 19) e hicimos nuestros los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, con la misma contundencia con que defendemos los objetivos de la ley, decimos que se puede mejorar aún más. Saludamos la decisión de la Presidenta de excluir a las telefónicas del negocio de la radio y televisión. Corregir errores no es debilidad, sino una señal de sensatez política. Una ley de leyes que debe delinear una política de Estado para que sirva a todos los ciudadanos de cualquier condición o tendencia, gobierne quien gobierne, debe tratarse con los tiempos que exija un amplio y profundo debate: ni fórmulas “express” ni dilatarlo sin motivo: la calidad de la democracia dependerá en buena medida de la futura ley. El nuevo anteproyecto de 150 páginas fue difundido este martes 15 a las 14, ¡con la pretensión de sacar dictamen por la noche y votarlo al día siguiente! Por cierto, escribo estas líneas sin que lo hayamos podido analizar.
Para Proyecto Sur, la propuesta oficial expresa valores y objetivos por los que hemos venido luchando, pero incluye cláusulas que colisionan con ellos. Hemos planteado más de 20 objeciones, en particular a los artículos 10, 25, 40, 80, 110, 152 y otros más. Lo grave es que algunos de ellos –como la pretendida inclusión de las telefónicas– lesionaban los objetivos de evitar concentraciones monopólicas. Frente a nuestra crítica, oíamos resabios de la cultura de la derrota y la resignación: “lo mejor es enemigo de lo bueno”, “o apoyamos la ley así o se cae”, “tiene errores, pero es mejor que la de la dictadura”. Una política víctima del apriete y el chantaje a los que el kirchnerismo es adicto y que ha sido contestada por sectores políticos y sociales que no están dispuestos a dejarse arrastrar por el no se puede. Hubiera sido una gran derrota ceder a la presión de quienes hasta ayer planteaban como inevitable el ingreso de las telefónicas y permitían el desembarco del magnate mexicano Carlos Slim de la mano de Eduardo Eurnekian, para comprar las acciones de Telecom. Buen testimonio del vaciamiento de la conciencia nacional es la falta de una propuesta de reconstrucción de la telefonía nacional, comprando Telecom: en la era de la revolución comunicacional y las autopistas informáticas, es una cuestión estratégica la construcción de un nuevo modelo de empresa telefónica pública en función de objetivos nacionales. Argentina está en condiciones de afrontar el desarrollo de ciencias y tecnologías de avanzada en teleinformática: contamos con organismos de investigación –INTI, Invap, CNEA, Conae, Conicet, las universidades nacionales, la Tecnológica Nacional, entre otros– y con el talento de miles de investigadores y universitarios preparados para afrontar ese desafío.
Una de las contradicciones del proyecto oficial es definir al espacio radioeléctrico sólo como de interés público, cuando es de dominio público. En ese espíritu, las autopistas informáticas y la multiplicación de las frecuencias deben ser del Estado y no pueden existir controversias sobre su propiedad. Los servicios de comunicación realizados mediante el uso del espacio radioeléctrico o por medio de vínculo físico constituyen un servicio público. Otra falencia se refiere a la participación del capital extranjero: si el Gobierno no denuncia los 52 tratados de Reciprocidad de Inversiones Extranjeras, cualquier empresa de esos países radicada en Argentina deberá ser tratada como nacional. La realidad es que, aunque exista reciprocidad, el capital nacional no está en condiciones de invertir en canales y radios americanas, japonesas o europeas. Sin denunciar los 52 tratados continuará el proceso de extranjerización de nuestro espacio audiovisual, como ha sucedido con Telefé y Radio Continental. Otro tema fundamental que debe defenderse es la autonomía de la autoridad de aplicación. En los próximos años se multiplicarán por veinte las frecuencias. Hace décadas que luchamos por un ente regulador y una “Radio, Televisión Argentina” que sean organismos autónomos, de carácter federal, con control parlamentario, capaces de neutralizar los sobornos o las presiones políticas y económicas. Las identidades y creaciones culturales definen y proyectan a las naciones. La cultura es memoria, lengua y gesto; su riqueza está en la diversidad que nace y se desarrolla en diferentes regiones. Las redes televisivas, las emisiones satelitales y la globalización de las comunicaciones uniforman contenidos y lenguajes y los pueblos van perdiendo su historia. Hoy como nunca deben protegerse las cuotas de producción propias, de imágenes, músicas y programas regionales. ¿No es ésta la ocasión de intentar unidos defender con firmeza la esencia democrática de una gran ley que incorpore las propuestas y anhelos por los que venimos luchando?
